De momento, parece que el hecho de que el presunto responsable de muertes y abusos contra la población de Darfur siga ejerciendo de Presidente de Sudán y moviéndose por el mundo libremente no preocupa en exceso a la comunidad internacional; o, al menos, eso es lo que demuestra, ya que sigue sin capturar y juzgar al presunto criminal.

A pesar de ser buscado por la Corte Penal Internacional por ser presunto coautor de diez crímenes de guerra, de genocidio y contra la humanidad, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, Presidente de la República de Sudán en funciones desde el 16 de octubre de 1993, sigue siendo un hombre libre. De momento, parece que el hecho de que el presunto responsable de muertes y abusos contra la población de Darfur siga ejerciendo de Presidente de Sudán y moviéndose por el mundo libremente no preocupa en exceso a la comunidad internacional; o, al menos, eso es lo que demuestra, ya que sigue sin capturar y juzgar al presunto criminal.

El 4 de marzo de 2009 la Corte Penal Internacional, en virtud del artículo 25 (3)(a) del Estatuto de Roma, emitió una orden de arresto contra al-Bashir. Dicha orden de arresto carga al Presidente con cinco crímenes contra la humanidad por asesinato, exterminio, traslado forzoso de personas, tortura y abusos sexuales; y con dos crímenes de guerra por dirigir ataques contra la población civil intencionadamente y por saqueos. El 12 de julio de 2010, la CPI emitió una segunda orden de arresto contra él, en este caso, por los siguientes crímenes de genocidio: matanzas, serias lesiones físicas y mentales, y por actuar deliberadamente en contra de los medios de vida de grupos específicos para provocar su destrucción física.

La Resolución 1593 (http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3803.pdf?view=1) publicada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) el 31 de marzo de 2005, remite al Fiscal de la Corte Penal Internacional el compromiso de velar por los derechos humanos y realizar investigaciones para buscar a las personas responsables de haber cometido crímenes en Darfur. En esta resolución, el Consejo de Seguridad insta al Gobierno de Sudán y a todas las demás partes en el conflicto de Darfur a “cooperar plenamente con la Corte y el Fiscal y prestarles toda la asistencia necesaria en aplicación de la presente resolución”. Aunque reconoce que los Estados que no son parte del Estatuto de Roma no tienen obligación alguna con arreglo a dicho Estatuto, el Consejo de Seguridad “exhorta a todos los Estados y organizaciones regionales y demás organizaciones internacionales competentes a que también cooperen plenamente”. Dicha resolución invita también a la Corte y a la Unión Africana “a que examinen arreglos prácticos que faciliten la labor del Fiscal y de la Corte, incluida la posibilidad de llevar a cabo actuaciones en la región, lo que contribuiría a las iniciativas regionales de lucha contra la impunidad”.

Sin embargo, el caso contra al-Bashir permanece suspendido en estos momentos debido a que el acusado sigue en libertad. Omar al-Bashir tiene la posibilidad de quedar indemne de todas las acusaciones que le imputa la Corte Penal Internacional y de permanecer en total impunidad a pesar de las presuntas atrocidades contra la población de Darfur por las que se encuentra requerido por la justicia. De hecho, si sigue actuando de forma táctica y controlando todos sus movimientos estratégicamente, no tiene por qué temer a la ley y al castigo de la CPI. Tal y como se ha podido observar en los últimos años, Omar al-Bashir permanece en su país o elige muy bien a los que viaja, evitando aquellos firmantes del Estatuto de Roma. Efectivamente, el Presidente es consciente de que bajo el techo de países no firmantes del estatuto no corre peligro alguno. El Estatuto de Roma es el tratado internacional que estableció la Corte Penal Internacional y que define los crímenes que se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte. Asimismo, establece los principios y procedimientos para su funcionamiento y las obligaciones de cooperación de los Estados Partes (122 en total), como la de colaborar activamente en el proceso de resolución de conflictos y de detener a aquellas personas que están bajo orden de arresto de la mano de la CPI. Por tanto, los países no firmantes de dicho estatuto no tienen obligación alguna de cooperar en el proceso de resolución de conflictos internacionales y, en este caso, no tienen porqué detener a al-Bashir.

Uno de sus últimos viajes, el 11 de julio de 2014, le ha llevado a Catar. Aunque no forme parte de los estados firmantes del Estatuto de Roma, como miembro de la ONU, Qatar debería acatar la resolución 1593 (2005) que insta a colaborar plenamente con la Corte, y llevar a al-Bashir ante la justicia. Sin embargo, no ha sido así. Tal y como ha expresado Bashir Watch Coalition, la red internacional que aboga por procesamiento de al-Bashir ante la CPI, “(Catar) aun siendo conocedor de los abusos contra los derechos humanos cometidos por Bashir, ha permitido que Omar al-Bashir visite el país, sin haber hecho nada por detenerle”.

La misma falta de compromiso se ha podido observar también por parte de China que, siendo miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no es firmante del Estatuto de Roma. China permitió a al-Bashir visitar el Estado en 2011 sin que esto le acarreara ninguna consecuencia legal. Otros países no firmantes como Egipto, Eritrea, Etiopía, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Arabia Saudí y Sudán del Sur también han acogido al Presidente sudanés sin mostrar ninguna intención de condena contra el mismo.

Pero, parece ser que al-Bashir ya no tiene porqué recatarse ni mucho menos atemorizarse a la hora de elegir sus destinos. Lo de las prudencias y las estrategias y tácticas ya no parecen ser tan imprescindibles para poder seguir gozando de una libertad sin límites. De hecho, a la escasa colaboración de los países no firmantes del Estatuto de Roma con la justicia y con la lucha contra la impunidad se le suma el exiguo compromiso de algunos de los Estados que son parte del Estatuto de Roma. Países firmantes como Chad, República Democrática del Congo, Yibuti, o Nigeria han incumplido sus obligaciones, al recibir al Presidente sudanés y no haber hecho nada por detenerlo. Ello concede tal confianza a al-Bashir que ya incluso podría andar por todo el mundo como Pedro por su casa.

Y es que, por un lado, los países africanos han dejado de ser los partidarios más fervientes de la Corte Penal Internacional, ya que consideran que la Corte permanente para los crímenes de guerra está apuntando hacia su continente y se sienten atacados. Se ha generado una ola de indignación entre la ciudadanía africana que percibe, de manera creciente, que la CPI sólo interviene en el continente africano y que lo hace además en función de los intereses del Norte. Pero, dicha indignación no se da solamente en la población civil, ya que se emiten críticas contra el supuesto sesgo africano de la CPI desde numerosos ámbitos. “El tribunal tendría que hacer responsables a todos los tiranos, pero esto no ocurre. Hasta ahora, la mayoría de los acusados son africanos. Los poderosos, como por ejemplo Estados Unidos, nunca serán llevados a juicio", dijo en un seminario celebrado hace unos años en Sudáfrica Vincent Nmehielle, ex defensor principal del Tribunal Especial para Sierra Leona, quien además aseguró que la CPI “tiene una agenda política”. La siguiente cita, que recoge parte de la comparecencia del expresidente marfileño Laurent Gbagbo, que declaró ante la CPI en La Haya en 2011 tras ser acusado de haber cometido presuntamente crímenes contra la humanidad, refleja el enfado de gran parte de la sociedad africana ante la supuesta parcialidad de la corte: “¿Estamos ante un instrumento útil y justo para luchar contra las dictaduras y los crímenes de guerra en todo el mundo? Si es así, ¿por qué sólo se sientan algunos africanos en el banquillo y no instigadores de grandes matanzas como George W. Bush, Tony Blair o José María Aznar, por citar algunos?”.

Ante las críticas sobre la arbitrariedad de la CPI existe también una postura totalmente afín al papel de la CPI como defensora de la ciudadanía africana. Coexisten movimientos desde la ciudadanía civil africana que exigen y presionan a estados que han sido reticentes a colaborar con la Corte a que lo hagan. Por ejemplo, en Kenya, grupos de la sociedad civil han trabajado a través del sistema judicial de su país para reivindicar la obligación del Gobierno de arrestar a al-Bashir.

Según Stephen Lamony, asesor superior en la Coalición para la Corte Penal Internacional, “la ciudadanía africana no es víctima de una CPI parcial, sino obstinada partidaria de la misión de terminar con la impunidad de los crímenes que tan a menudo les toca sufrir”. Lamony argumenta que el Estatuto de Roma manifiesta que la CPI debe seleccionar las situaciones más graves bajo su jurisdicción. “No se trata de representación regional o geográfica, y tampoco es un tema de la alta política; se trata de la ley: donde existan crímenes bajo jurisdicción de la CPI, pero, sin embargo, no estén siendo asumidos por la jurisdicción nacional, según el nuevo sistema de la justicia internacional, la Oficina del Fiscal debería actuar. Para eso está la Corte Penal Internacional”. El asesor superior advierte a aquellas personas que argumentan que la Corte busca exclusivamente a personas africanas que deberían reflexionar: “Hay más de 5 millones de víctimas africanas desplazadas, más de 40.000 víctimas mortales, cientos y miles de niños africanos convertidos en asesinos y violadores, miles de personas africanas violadas. ¿Debería la CPI ignorar a todas esas víctimas?”.

Aún así, parece ser que la postura de la mayoría de los países y gobernantes africanos no es afín a esta postura. De hecho, “la relación entre la Unión Africana (AU) y la CPI está lejos de ser perfecta”, tal y como lo afirma el mismo Lamony. La AU ha respaldado los aplazamientos del Consejo de Seguridad de la ONU en las investigaciones en Darfur o en Kenya y ha instruido a sus Estados miembros a no actuar en la orden de captura de Omar al-Bashir, argumentando que éste posee inmunidad como Presidente de Estado. Por tanto, parece que, en general, a los gobiernos africanos no les interesa colaborar demasiado con la CPI.

Por otro lado, podría entenderse que otros países no consideran de interés meter la mano en semejante embrollo ni tampoco se sienten lo suficientemente intimidados por la autoridad de la Corte Penal Internacional como para hacer un esfuerzo por colaborar. De hecho, el Estatuto de Roma obliga a sus 122 firmantes a detener a aquellas personas que permanecen en busca y captura por la CPI, pero, al no tener su propio cuerpo policial, no tiene capacidad para hacer cumplir sus resoluciones y actuar contra quien no cumple con las obligaciones establecidas.

Mientras tanto, habiendo transcurrido ya diez años desde el comienzo del conflicto de Darfur, las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos vuelven a activarse. La violencia en Darfur perdura y surgen nuevos focos conflictivos en otros territorios de Sudán como Kordofan Sur y Nilo Azul. La población civil sigue siendo víctima de homicidios, actos de tortura, violaciones y saqueos. Más de 460.000 personas han sido desplazadas en 2013 como consecuencia de la violencia entre grupos comunitarios y de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de la oposición. Al-Bashir, ha sido acusado por la CPI de formar parte de toda esa barbarie. El Presidente sudanés sigue estando libre. Las acciones que damnifican a la población civil siguen en marcha. Y la comunidad internacional está permitiendo que continúe vigente este reinado del terror con total impunidad.

Los países que optan por no cooperar con las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional deben saber que están cultivando la impunidad de graves crímenes contra la humanidad, permitiendo que los abusos continúen y decepcionando a todas esas personas que luchan cada día por hacer frente a la violencia en Sudán. La comunidad internacional, que a menudo se llena la boca con palabras como “justicia” y “derechos humanos”, debe pasar del discurso a la acción y, de una vez por todas, colaborar y luchar por una justicia real, por hacer que este año sea el último aniversario de la impunidad de al-Bashir. Es hora de devolver la justicia a manos de las víctimas.



Este es un artículo de opinión que no refleja necesariamente el punto de vista de ACNUR Euskal Batzordea.