Son muchos los cuestionamientos en torno a las posibilidades que tienen las autoridades regionales del continente africano de colaborar a la resolución del conflicto de Darfur. Algunas reflexiones sobre la propuesta del panel de la Unión Africana para Darfur, un sistema de detección temprana de conflictos y otras decisiones de sus autoridades.

Los líderes africanos adoptaron el jueves las propuestas del Panel de Alto Nivel de la Unión Africana (UA) para Darfur que incluyen la creación den una corte híbrida para juzgar a los perpetradores de crímenes contra la humanidad cometidos en esa provincia. Así lo informó Relief Web con un cable de la agencia AFP desde el Consejo de Paz y Seguridad de la UA en Abuja.

Los jefes de estado aprobaron las recomendaciones elevadas por el panel de los “sabios liderado por el ex Presidente sudafricano Thabo Mbeki, que incluye la creación de la corte híbrida compuesta por jueces sudaneses y extranjeros.

Mbeki dijo que Sudán había aceptado sus recomendaciones pero que se requería más debate con la UA, especialmente en cuanto a la corte mixta. “Deben mirar lo que la Constitución sudanesa permite en cuanto a esto, porque no hay precedentes en el continente africano”, recalcó Mbeki a los periodistas.

El vicepresidente segundo sudanés, Ali Osman Taha dijo a los líderes africanos que su país consideraría las propuestas seriamente y con la mente abierta.

El panel también sugiere que se establezca una comisión de verdad y reconciliación y la reparación por las pérdidas ocurridas durante el conflicto.

La cumbre de la UA estableció otro equipo de expertos –el cual incluye a Mbeki y al ex líder de Burundi Pierre Nkuruziza y el ex líder de Nigeria Abdulsalami Abubakar- para que ayude durante un año a la implementación de estas recomendaciones y guíe a los actores sudaneses en la implementación de los acuerdos de paz ya existentes.

La ONG Human Rights Watch (HRW) también demandó ese día que la UA apoyara la demanda del panel para Darfur de que se persiguiera el objetivo de ofrecer justicia a las víctimas de Darfur. Aunque HRW especificó que la corte híbrida podría ser útil como complemento de la justicia, pero no como reemplazo de la Corte Penal Internacional (CPI).

Actualmente, la corte internacional de La Haya ha abierto casos contra 4 individuos sospechosos de crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Darfur. Los acusados son el propio Presidente sudanés, Omar Hassan al-Bashir; el ex ministro de Estado del Interior y ex ministro de Asuntos Humanitarios, Ahmad Harun; el supuesto comandante de las milicias janjaweed, Ali Kushayb; y el supuesto comandante del rebelde Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM), Bahar Idriss Abu Garda, quien terminó el viernes 30 de octubre la audiencia de confirmación de cargos.

El mismo Moreno-Ocampo recibió con beneplácito la propuesta de la corte mixta. En una entrevista telefónica mantenida el viernes con el sitio de noticias humanitarias Alertnet, dijo que era importante que las autoridades nacionales se involucraran ya que la persecución de crímenes masivos a menudo durante décadas. El fiscal general de La Haya destacó que en su país natal, Argentina, todavía se llegan adelante casos contra la junta militar, años después de la llamada Guerra Sucia en la murieron y desaparecieron miles de personas. “La responsabilidad principal es de los estados nacionales –dijo Moreno-Ocampo-. La CPI sólo hace una parte –persiguiendo a los máximos responsables- pero se requieren otros esfuerzos”.

Por otra parte, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM) que gobierna el país en coalición con el Partido Nacional del Congreso (NCP), expresó su disgusto con la propuesta del AUPD. En declaraciones realizadas el viernes a Voice of America (VOA), el vocero del movimiento, Yien Matthew Chol calificó las recomendaciones como “una transigencia con las atrocidades cometidas contra la gente de Darfur”, que necesita justicia.

Asimismo agregó: "Convocamos antes que nada a la unificación de los movimientos darfuríes y la cristalización de la agenda para una negociación pacífica”. Y que “los líderes sabios africanos no han alcanzado de ningún modo la realidad de los problemas darfuríes”.

Chol dijo que la cuestión a ser respondida era “¿Qué están intentando hacer? ¿Qué es la tribunal híbrido? ¿Pueden garantizar la justicia en Sudán? La pregunta es: ¿Quién en Sudán o en cualquier otro país africano atrapará al Presidente al-Bashir y lo entregará a la justicia, sea una corte local o internacional?”.

Asimismo, el vocero del Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM), Ahmed Adam decía el martes: “El informe no es claro en cuanto a la CPI. En cuanto a los serios crímenes en Darfur, incluyendo el genocidio, el único mecanismo legal… es la CPI”.

HRW expresó que un genuino proceso de reforma del sistema legal requiere que la legislatura sudanesa revoque o enmiende las leyes existentes para adecuarlas a los estándares internacionales de derechos humanos; y que esto debería incluir, con carácter urgente, la reforma del Acta de las Fuerzas de Seguridad Nacional, que actualmente garantiza a las autoridades de la seguridad nacional poderes amplios para arrestar y detener. Según la ONG, estas fuerzas “continúan cometiendo violaciones de los derechos humanos en Darfur y en todo Sudán”.

HRW recuerda que en julio la UA instó a sus estados miembros a no cooperar con el arresto y la rendición de al-Bashir a la CPI porque el Consejo de Seguridad de la ONU no había respondido a una solicitud de postergar el caso.

Con la orden de arresto contra al-Bashir, algunos gobernantes africanos han sugerido qeu la CPI está actuando injustamente contra los líderes africanos; aunque todos los casos hasta la fecha han sido remitidos voluntariamente por los gobiernos africanos o, en el caso de Darfur por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).

Al mismo tiempo, la aplicación de la justicia internacional ha sido desigual, dejando a los funcionarios de países poderosos menos vulnerables a la persecución. “La solución es trabajar para ampliar –no recortar- la responsabilidad, incluyendo la ampliación de la ratifiación del Estatuto de Roma. De lo contrario, se estarán negando reparación a las víctimas y se frustrará la asunción de responsabilidades, contradiciendo al Acta Constitutiva de la UA”, comunicó HRW.

Antecedentes judiciales en Sudán

El 7 de junio de 2005, el día posterior a que el fiscal general de La Haya, Luis Moreno-Ocampo, anunciara que estaba iniciando una investigación en Darfur, las autoridades sudaneseas etablecieron la Corte Criminal Especial para los casos en Darfur (SCCED). Un año más tarde, en junio de 2006, las autoridades sólo habían presentado 13 casos ante la corte, todos involucrando a individuos de bajo rango acusados de ofensas menores tales como robo, recuerda HRW. En el único caso relacionado con un ataque a gran escala contra civiles, la corte simplemente declaró al acusado culpable de los robos ocurridos tras el ataque.

En agosto de 2008, el ministro de Justicia sudanés, Abdelbasit Sabdarat, nombró a un fiscal especial y tres consejeros legales, uno en cada uno de los tres estados de Darfur, para que investigaran los crímenes a partir de 2003. En octubre de 2008, se anunció que se había terminado una investigación de las acusaciones contra Ali Kushayb, un comandante de las milicias árabes que estaba buscado por la CPI por crímenes de guerra y de lesa humanidad. En febrero de 2009, el fiscal especial de Darfur declaró que tres hombres, entre ellos Ali Kushayb, habían sido acusados en casos relacionados con los eventos de Deleig, Mukjar, Bandas y Garsila. Desde entonces, no ha habido más progresos en estos ni ningún otro caso y el fiscal especial ha protestado públicamente por las dificultades que se le presenta para acceder a entrevistar a las víctimas.

Un sistema de alerta temprana

Por otra parte, el Presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Jean Ping reveló el miércoles en Johannesburgo que la UA ha establecido un sistema de alerta temprana para ayuda a abordar los conflictos antes de que degeneren en emergencias.

“El aumento de las crisis y conflictos es un fenómeno que ha sido percibido, especialmente tras el conflicto de Kenya. Nos hemos dado cuenta de que las disputan también pueden surgir tras unas elecciones que no han sido bien preparadas”, dijo Ping a los periodistas en las actividades complementarias de la actual Primera Sesión Ordinaria del Parlamento Panafricano (PAP), en Johannesburgo, Sudáfrica.

Y agregó: “Entonces, para (ayudar) a prevenir conflictos, hemos establecido un sistema de alerta temprana por el incremento de los conflictos… nos hemos enfrentado a las crisis de Zimbabue, Sudán, Mauritania, pero la prevención nos permitirá prevenir antes que curar”.

Durante la sesión plenaria, Ping remarcó la importancia de que todos los países africanos ratifiquen el protocolo de la UA para establecer el Parlamento Panafricano; argumentando que esto facilitará la promoción de la buena gobernanza en el continente que es célebre por sus conflictos armados.

“La necesidad de ratificar el protocolo no puede ser sobre-enfatizada. Nada puede llevarse a cabo sin su ratificación. La creación de un único gobierno africano, el paso hacia el África unida… los estados están divididos como resultado de muchos conflictos”. (ver despiece El Parlamento Panafricano).

“Nosotros hablamos de buena gobernanza pero es la mala gobernanza de Occidente lo que ha fallado en África. Zambia Airway vuela a todos lados, pero no hay más. Todas las compañías han sido desmanteladas por la privatización (un concepto occidental)”, dijo Ping.

Por su parte, Moussa Idriss Ndele, miembro del parlamento y presidente del PAP, comentó: “Luchamos desde mayo de 2009 para transformar esto (el PAP) de un cuerpo consultivo a uno legislativo, pero tenemos confianza en que estamos haciendo progresos”.

En cuanto a la situación en Sudán, Ping declaró la decisión de posicionar un alto número de tropas en Darfur, Sudán, se basa en el deseo de prevenir y detener las matanzas y mantener la paz, objetivos que según él han sido casi alcanzados.

También instó a las partes enfrentadas a comprometerse con el diálogo. “El problema de Sudán no puede resolverse militarmente, sino políticamente porque los rebeldes y el gobierno deben dialogar para llegar a un compromiso –dijo-. Nosotros (la Unión Africana) debemos restaurar la paz y a confianza en ese país. Aunque hay otros problemas de acusaciones de injusticia, debe restaurarse la justicia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana deben trabajar mano con mano para restaurar el orden en Sudán”.