PROPUESTA. Tema: Darfur ante la Corte Penal Internacional
Sudán, Justicia, Paz y la CPI
Andrew Stroehlein, Communications Director International Crisis Group / 17.07.2009
Africa Report N°152
Informe de Crisis Group sobre la relación entre la orden de arresto emitida por La Haya contra el Presidente sudanés y la resolución del conflicto de Darfur. Recomendaciones a las partes implicadas así como a entidades regionales e internacionales.
La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Presidente sudanés, Omar Hassan al-Bashir por crímenes atroces en Darfur ha llevado a Sudán a un nuevo punto decisivo. El largamente gobernante Partido Nacional del Congreso (NCP) ha desafiado a la corte, ganado la presión de la Unión Africana (UA) y la Liga Árabe sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para que se suspenda el caso; y ha restringido la ayuda humanitaria en Darfur, dejando en situación de riesgo a varios millones de personas desplazadas internas y otros. Los rebeldes de Darfur han sido animados por la situación, reduciendo las perspectivas para un avance diplomático. Simultáneamente, el Acuerdo de Paz Global (CPA) que puso fin a la guerra civil entre el norte y el sur está estancado. Mientras un nuevo representante especial de los Estados Unidos de América comienza a dejar su marca, la comunidad internacional puede estar lista para sacrificar la justicia a cambio de un acuerdo rápido, que asegure las elecciones en 2010. Pero Sudán tendrá paz sólo cuando sea desmantelado su sistema de impunidad. El camino correcto es presionar respaldando fuertemente a la CPI para persuadir al NCP de que sólo obtendrá un aplazamiento para el caso de al-Bashir si adopta e implementa serias reformas.
En 2005, el Consejo de Seguridad otorgó jurisdicción a la CPI sobre la situación en Darfur. El fiscal obtuvo finalmente órdenes de arresto contra un oficial de nivel medio y un comandante de las milicias y solicitó en julio de 2008 una orden de arresto contra el Presidente sudanés. El NCP intentó movilizar a los africanos, árabes e islamistas argumentando que la corte, y particularmente su fiscal, era un instrumento de una campaña de Occidente contra el discurso islámico y para promover un cambio de régimen. Internamente, lanzó la Sudan People’s Initiative (SPI – Iniciativa del Pueblo de Sudán), anunciada como una consulta nacional de amplia base para buscar soluciones para Darfur, pero controló fuertemente sus procesos y no ha desarrollado aún sus recomendaciones.
La violencia se intensificó en Darfur desde septiembre de 2008, con ataques mortales al personal humanitario y la fuerza de paz conjunta de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana (UA) en Darfur, UNAMID. Los enfrentamientos inter-tribales y las luchas entre el gobierno y las fuerzas rebeldes continuaron sin disminución, creando nuevos desplazamientos civiles. El 4 de marzo de 2009, la cámara preliminar de la CPI ordenó el arresto de al-Bashir, a lo cual el NCP respondió expulsando a trece organizaciones no gubernamentales internacionales (INGO) que habían provisto alimentos y servicios de salud fundamentales. Percibiendo a al-Bashir debilitado por la orden de arresto, la oposición y los grupos rebeldes endurecieron sus posiciones y se volvieron más reticentes a a comprometerse genuinamente con el Gobierno. Aunque el rebelde Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM) firmó un acuerdo de “buena voluntad” para abrir paso a futuros diálogos con el gobierno en febrero de 2009, los enfrentamientos continuaron en el terreno, y el proceso de mediación establecido por Qatar en Doha quedó bloqueado.
La atención se ha vuelto cada vez más hacia la amenaza suprema en Sudán: el posible colapso del CPA, lo que podría significar el regreso a una guerra civil más amplia. El NCP ha retenido las concesiones claves para la transformación democrática que el acuerdo aparentemente prometía, incluyendo la revocación de leyes represivas y la restauración de libertades básicas como las de asociación y expresión. Asimismo, el Gobierno nacional ha bloqueado las acciones necesarias para un referéndum pacífico, así como para un censo creíble, la demarcación de la frontera con el sur, un reparto de más riquezas más completo y la desescalada de los conflictos locales en las áreas transicionales de Abyei, Kordofan Sur, Montes Nuba y Nilo Azul. Parece que el Gobierno hubiera decidido no permitir la secesión del Sur ni las reformas políticas significativas en el Norte. Ahora, el objetivo del Sur es mantener su referéndum de autodeterminación de 2011.
Está bien que la comunidad internacional -incluyendo a la Administración Obama y su nuevo enviado especial, Scott Gration, que muestra señales de activismo bienvenidas-, tenga como una prioridad salvar el CPA. Pero la tentación está en aceptar un arreglo rápido en materia humanitaria, política y de seguridad en Darfur para preservar las posibilidades de que se celebren elecciones generales a tiempo en 2010 y avanzar hacia el referéndum de 2011. La justicia de los crímenes cometidos en Darfur estaría en peligro de desaparecer de un proceso de paz como ese, así como se cayó de las negociaciones del propio CPA en 2005 y más tarde del Acuerdo del Este de Sudán y del Acuerdo de Paz de Darfur (DPA).
Eso sería un error. Justicia y paz están muy conectadas en Darfur. Las reformas judiciales y los mecanismos de justicia transicional dirigidos hacia la reconciliación y la cultura de asumir de responsabilidades son esenciales para el éxito y la sostenibilidad del proceso de paz.
No habrá paz sostenible en el norte de Sudán si no se deja de lado el sistema de la impunidad y se promueve un cambio genuino en el gobierno. Si se permite al NCP relegitimar su mandato y se cierra la puerta hacia la estabilización política con los rebeldes de Darfur a través de un proceso electoral fraudulento en 2010, el norte de Sudán también se enfrentara a una creciente agitación.
Esa agitación y el fracaso para lidiar con el censo, la frontera y el re-despliegue militar minarán también las condiciones para un referéndum pacífico en el Sur.
Los Estados Unidos y otros socios internacionales del proceso de paz en Sudán deberían incrementar su presión sobre el NCP para crear la posibilidad de cambios políticos significativos. La mejor manera de hacerlo, es reconfirmar su apoyo a las órdenes de arresto de la CPI y emitir un firme mensaje a Jartum de que sólo considerarán válida su suspensión por medio de una resolución del Consejo de Seguridad (tras del proceso de un año renovable de postergación que determina el artículo 16 del Estatuto de Roma que estableció la Corte) si el NCP toma primero una serie de pasos específicos e irreversibles, como mínimo la aceptación de las reformas judiciales y los mecanismos de justicia transicional como elementos claves para la resolución de Darfur.
Lo que se necesita no es sacrificar la paz en Darfur para salvar el CPA –de cualquier modo una propuesta autodestructiva- sino fortalecer la construcción de la paz en todo Sudán apuntando al sistema de impunidad que ha conducido a y prolongado los múltiples conflictos del país.
A continuación el reporte realiza una serie de recomendaciones al NCP, los movimientos rebeldes de Darfur, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) (en particular a los Estados Unidos y China), al enviado especial de la ONU y la Unión Africana (UA), Djibrill Bassolé; al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y al Panel para Darfur de la UA.
Recomendaciones
Al Partido Nacional del Congreso (NCP):
1. Implementar las medidas legales y judiciales para terminar con la impunidad en Darfur, tales como:
a. Nombrar jueces no partidarios, incluso en las cortes especiales.
b. Asegurar la independencia de las cortes, rever las investigaciones policiales, procedimientos de persecución y arresto, y reemplazar a los jefes de justicia y los comandantes de policía en los tres estados de Darfur.
c. Exigir responsabilidad a todas las fuerzas del Gobierno y las milicias asociadas par sus violaciones de la ley humanitaria internacional, tales como los ataques a civiles, la destrucción de propiedad, el sostén de los medios de vida, incluyendo los pozos y graneros, asesinato, transferencia forzada de la población y actos inhumanos tales como la tortura y la violación, y
d. Enmendar la ley policial, la ley criminal y la ley de procedimientos criminales que dan inmunidad a la policía y el personal de seguridad.
2. Revisar el comité de administración en cada estado de Darfur y permitir que UNAMID participe en ello.
3. Reemplazar a los gobernadores y vicegobernadores por tecnócratas para administrar los tres estados de Darfur hasta las elecciones.
4. Persuadir al Presidente al-Bashir para que renuncie tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, antes de las elecciones generales.
5. Nominar otro candidato presidencial y acordar con el GNU (Gobierno de Unidad Nacional) posponer las elecciones hasta 2011, para dar tiempo a la estabilizació de Darfur y permitir la participación justa y limpia en el proceso.
6. Comprometerse genuinamente con la CPI.
7. Perseguir a los funcionarios sobre los cuales la CPI haya emitido órdenes de arresto, comenzando por suspender a Ahmed Haroun, gobernador del estado de Southern Kordofan, y presentarlos a él y al comandante de las milicias Ali Kushayb a juicio en una corte sudanesa creíble e independiente por los crímenes de los que se les acusa en la CPI.
8. Suspender la aplicación de cualquier decisión de la corte sobre prisioneros políticos y militares en Darfur hasta un proceso de paz final allí.
9. Establecer una Transitional Darfur Task Force (TDTF), un comité de alto nivel compuesto por el Presidente, Primer Vicepresidente, el enviado especial de la ONU/UA, el comandante en jefe de UNAMID y los ministros de Justicia, Interior y Asuntos Humanitarios, para supervisar la implementación de las medidas judiciales y de exigencia de responsabilidades mencionadas.
10. Aceptar e implementar un alto el fuego global en los tres estados de Darfur a través del proceso de paz de Doha.
A todos los movimientos rebeldes de Darfur:
11. Participar en el proceso de paz de Doha apoyado por ONU/UA/Qatar, aceptar e implementar un alto el fuego global en Darfur, así como las reformas judiciales y los mecanismos de justicia transicional, como componentes claves de la resolución del conflicto.
A los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) (en particular a los Estados Unidos y China):
12. Afirmar su apoyo a la CPI e insistir a Sudán y otros países para que cooperen con la ejecución de las órdenes de arresto, a menos que o hasta que el Consejo de Seguridad retrase las persecuciones de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de Roma.
13. Acordar la postergación en base al artículo 16 sólo a condición de que el Gobierno de Sudán implemente primeramente las medidas establecidas más arriba.
14. Recomendar al enviado especial de la ONU/UA cargo del proceso de paz de Darfur que sean incluidas las reformas judiciales y los mecanismos de justicia transicional como componentes claves de cualquier solución.
Al enviado especial de la ONU y la Unión Africana (UA), Djibrill Bassolé:
15. Incluir reformas judiciales y mecanismos de justicia transicional tales como una comisión de reconciliación y verdad y someter a investigación los procesos prominentemente en la Agenda Doha.
Al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI):
16. Proceder con la investigación en crímenes supuestamente cometidos por otros funcionaros de alto rango sudaneses y líderes rebeldes en Darfur y considerar seriamente la opción de sellar órdenes de arresto cuando sea apropiado.
Al Panel para Darfur de la UA (AUPD):
17. Solicitar al NCP que demuestre progresos en las investigaciones nacionales sobre las políticas que condujeron a crímenes y apoyar la inclusión de reformas judiciales, levantamiento de las inmunidades institucionalizadas y el establecimiento de mecanismos de justicia transicional como elementos claves para el proceso de paz de Darfur.
18. Recomendar medidas prácticas para transformar la Corte Africana para Derechos Humanos y de los Pueblos en una corte capaz de conducir juicios por los crímenes atroces en el continente.
La orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Presidente sudanés, Omar Hassan al-Bashir por crímenes atroces en Darfur ha llevado a Sudán a un nuevo punto decisivo. El largamente gobernante Partido Nacional del Congreso (NCP) ha desafiado a la corte, ganado la presión de la Unión Africana (UA) y la Liga Árabe sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para que se suspenda el caso; y ha restringido la ayuda humanitaria en Darfur, dejando en situación de riesgo a varios millones de personas desplazadas internas y otros. Los rebeldes de Darfur han sido animados por la situación, reduciendo las perspectivas para un avance diplomático. Simultáneamente, el Acuerdo de Paz Global (CPA) que puso fin a la guerra civil entre el norte y el sur está estancado. Mientras un nuevo representante especial de los Estados Unidos de América comienza a dejar su marca, la comunidad internacional puede estar lista para sacrificar la justicia a cambio de un acuerdo rápido, que asegure las elecciones en 2010. Pero Sudán tendrá paz sólo cuando sea desmantelado su sistema de impunidad. El camino correcto es presionar respaldando fuertemente a la CPI para persuadir al NCP de que sólo obtendrá un aplazamiento para el caso de al-Bashir si adopta e implementa serias reformas.
En 2005, el Consejo de Seguridad otorgó jurisdicción a la CPI sobre la situación en Darfur. El fiscal obtuvo finalmente órdenes de arresto contra un oficial de nivel medio y un comandante de las milicias y solicitó en julio de 2008 una orden de arresto contra el Presidente sudanés. El NCP intentó movilizar a los africanos, árabes e islamistas argumentando que la corte, y particularmente su fiscal, era un instrumento de una campaña de Occidente contra el discurso islámico y para promover un cambio de régimen. Internamente, lanzó la Sudan People’s Initiative (SPI – Iniciativa del Pueblo de Sudán), anunciada como una consulta nacional de amplia base para buscar soluciones para Darfur, pero controló fuertemente sus procesos y no ha desarrollado aún sus recomendaciones.
La violencia se intensificó en Darfur desde septiembre de 2008, con ataques mortales al personal humanitario y la fuerza de paz conjunta de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana (UA) en Darfur, UNAMID. Los enfrentamientos inter-tribales y las luchas entre el gobierno y las fuerzas rebeldes continuaron sin disminución, creando nuevos desplazamientos civiles. El 4 de marzo de 2009, la cámara preliminar de la CPI ordenó el arresto de al-Bashir, a lo cual el NCP respondió expulsando a trece organizaciones no gubernamentales internacionales (INGO) que habían provisto alimentos y servicios de salud fundamentales. Percibiendo a al-Bashir debilitado por la orden de arresto, la oposición y los grupos rebeldes endurecieron sus posiciones y se volvieron más reticentes a a comprometerse genuinamente con el Gobierno. Aunque el rebelde Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM) firmó un acuerdo de “buena voluntad” para abrir paso a futuros diálogos con el gobierno en febrero de 2009, los enfrentamientos continuaron en el terreno, y el proceso de mediación establecido por Qatar en Doha quedó bloqueado.
La atención se ha vuelto cada vez más hacia la amenaza suprema en Sudán: el posible colapso del CPA, lo que podría significar el regreso a una guerra civil más amplia. El NCP ha retenido las concesiones claves para la transformación democrática que el acuerdo aparentemente prometía, incluyendo la revocación de leyes represivas y la restauración de libertades básicas como las de asociación y expresión. Asimismo, el Gobierno nacional ha bloqueado las acciones necesarias para un referéndum pacífico, así como para un censo creíble, la demarcación de la frontera con el sur, un reparto de más riquezas más completo y la desescalada de los conflictos locales en las áreas transicionales de Abyei, Kordofan Sur, Montes Nuba y Nilo Azul. Parece que el Gobierno hubiera decidido no permitir la secesión del Sur ni las reformas políticas significativas en el Norte. Ahora, el objetivo del Sur es mantener su referéndum de autodeterminación de 2011.
Está bien que la comunidad internacional -incluyendo a la Administración Obama y su nuevo enviado especial, Scott Gration, que muestra señales de activismo bienvenidas-, tenga como una prioridad salvar el CPA. Pero la tentación está en aceptar un arreglo rápido en materia humanitaria, política y de seguridad en Darfur para preservar las posibilidades de que se celebren elecciones generales a tiempo en 2010 y avanzar hacia el referéndum de 2011. La justicia de los crímenes cometidos en Darfur estaría en peligro de desaparecer de un proceso de paz como ese, así como se cayó de las negociaciones del propio CPA en 2005 y más tarde del Acuerdo del Este de Sudán y del Acuerdo de Paz de Darfur (DPA).
Eso sería un error. Justicia y paz están muy conectadas en Darfur. Las reformas judiciales y los mecanismos de justicia transicional dirigidos hacia la reconciliación y la cultura de asumir de responsabilidades son esenciales para el éxito y la sostenibilidad del proceso de paz.
No habrá paz sostenible en el norte de Sudán si no se deja de lado el sistema de la impunidad y se promueve un cambio genuino en el gobierno. Si se permite al NCP relegitimar su mandato y se cierra la puerta hacia la estabilización política con los rebeldes de Darfur a través de un proceso electoral fraudulento en 2010, el norte de Sudán también se enfrentara a una creciente agitación.
Esa agitación y el fracaso para lidiar con el censo, la frontera y el re-despliegue militar minarán también las condiciones para un referéndum pacífico en el Sur.
Los Estados Unidos y otros socios internacionales del proceso de paz en Sudán deberían incrementar su presión sobre el NCP para crear la posibilidad de cambios políticos significativos. La mejor manera de hacerlo, es reconfirmar su apoyo a las órdenes de arresto de la CPI y emitir un firme mensaje a Jartum de que sólo considerarán válida su suspensión por medio de una resolución del Consejo de Seguridad (tras del proceso de un año renovable de postergación que determina el artículo 16 del Estatuto de Roma que estableció la Corte) si el NCP toma primero una serie de pasos específicos e irreversibles, como mínimo la aceptación de las reformas judiciales y los mecanismos de justicia transicional como elementos claves para la resolución de Darfur.
Lo que se necesita no es sacrificar la paz en Darfur para salvar el CPA –de cualquier modo una propuesta autodestructiva- sino fortalecer la construcción de la paz en todo Sudán apuntando al sistema de impunidad que ha conducido a y prolongado los múltiples conflictos del país.
A continuación el reporte realiza una serie de recomendaciones al NCP, los movimientos rebeldes de Darfur, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) (en particular a los Estados Unidos y China), al enviado especial de la ONU y la Unión Africana (UA), Djibrill Bassolé; al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y al Panel para Darfur de la UA.
Recomendaciones
Al Partido Nacional del Congreso (NCP):
1. Implementar las medidas legales y judiciales para terminar con la impunidad en Darfur, tales como:
a. Nombrar jueces no partidarios, incluso en las cortes especiales.
b. Asegurar la independencia de las cortes, rever las investigaciones policiales, procedimientos de persecución y arresto, y reemplazar a los jefes de justicia y los comandantes de policía en los tres estados de Darfur.
c. Exigir responsabilidad a todas las fuerzas del Gobierno y las milicias asociadas par sus violaciones de la ley humanitaria internacional, tales como los ataques a civiles, la destrucción de propiedad, el sostén de los medios de vida, incluyendo los pozos y graneros, asesinato, transferencia forzada de la población y actos inhumanos tales como la tortura y la violación, y
d. Enmendar la ley policial, la ley criminal y la ley de procedimientos criminales que dan inmunidad a la policía y el personal de seguridad.
2. Revisar el comité de administración en cada estado de Darfur y permitir que UNAMID participe en ello.
3. Reemplazar a los gobernadores y vicegobernadores por tecnócratas para administrar los tres estados de Darfur hasta las elecciones.
4. Persuadir al Presidente al-Bashir para que renuncie tan pronto como sea posible y, en cualquier caso, antes de las elecciones generales.
5. Nominar otro candidato presidencial y acordar con el GNU (Gobierno de Unidad Nacional) posponer las elecciones hasta 2011, para dar tiempo a la estabilizació de Darfur y permitir la participación justa y limpia en el proceso.
6. Comprometerse genuinamente con la CPI.
7. Perseguir a los funcionarios sobre los cuales la CPI haya emitido órdenes de arresto, comenzando por suspender a Ahmed Haroun, gobernador del estado de Southern Kordofan, y presentarlos a él y al comandante de las milicias Ali Kushayb a juicio en una corte sudanesa creíble e independiente por los crímenes de los que se les acusa en la CPI.
8. Suspender la aplicación de cualquier decisión de la corte sobre prisioneros políticos y militares en Darfur hasta un proceso de paz final allí.
9. Establecer una Transitional Darfur Task Force (TDTF), un comité de alto nivel compuesto por el Presidente, Primer Vicepresidente, el enviado especial de la ONU/UA, el comandante en jefe de UNAMID y los ministros de Justicia, Interior y Asuntos Humanitarios, para supervisar la implementación de las medidas judiciales y de exigencia de responsabilidades mencionadas.
10. Aceptar e implementar un alto el fuego global en los tres estados de Darfur a través del proceso de paz de Doha.
A todos los movimientos rebeldes de Darfur:
11. Participar en el proceso de paz de Doha apoyado por ONU/UA/Qatar, aceptar e implementar un alto el fuego global en Darfur, así como las reformas judiciales y los mecanismos de justicia transicional, como componentes claves de la resolución del conflicto.
A los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) (en particular a los Estados Unidos y China):
12. Afirmar su apoyo a la CPI e insistir a Sudán y otros países para que cooperen con la ejecución de las órdenes de arresto, a menos que o hasta que el Consejo de Seguridad retrase las persecuciones de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de Roma.
13. Acordar la postergación en base al artículo 16 sólo a condición de que el Gobierno de Sudán implemente primeramente las medidas establecidas más arriba.
14. Recomendar al enviado especial de la ONU/UA cargo del proceso de paz de Darfur que sean incluidas las reformas judiciales y los mecanismos de justicia transicional como componentes claves de cualquier solución.
Al enviado especial de la ONU y la Unión Africana (UA), Djibrill Bassolé:
15. Incluir reformas judiciales y mecanismos de justicia transicional tales como una comisión de reconciliación y verdad y someter a investigación los procesos prominentemente en la Agenda Doha.
Al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI):
16. Proceder con la investigación en crímenes supuestamente cometidos por otros funcionaros de alto rango sudaneses y líderes rebeldes en Darfur y considerar seriamente la opción de sellar órdenes de arresto cuando sea apropiado.
Al Panel para Darfur de la UA (AUPD):
17. Solicitar al NCP que demuestre progresos en las investigaciones nacionales sobre las políticas que condujeron a crímenes y apoyar la inclusión de reformas judiciales, levantamiento de las inmunidades institucionalizadas y el establecimiento de mecanismos de justicia transicional como elementos claves para el proceso de paz de Darfur.
18. Recomendar medidas prácticas para transformar la Corte Africana para Derechos Humanos y de los Pueblos en una corte capaz de conducir juicios por los crímenes atroces en el continente.
- Informe original en inglés
