Mucho por recorrer en el camino de la justicia internacional
La Corte Penal Internacional ha ordenado arrestar a Al Bashir, presidente de Sudán, acusado de crímenes de guerra, porque en Darfur han muerto 300.000 personas, y se han visto desplazadas de sus hogares casi dos millones. Asesinatos, violaciones y torturas son constantes.
Desde 1993, Naciones Unidas ha impulsado diversos tribunales para juzgar crímenes muy graves. No es todo lo que debiera ser, pero se avanza. En 1994, un tribunal juzgó a responsables del genocidio perpetrado en Ruanda. Probablemente murieron un millón de personas y sólo han sido condenadas más de una veintena. Pero entre los acusados no había ningún francés, belga o alemán, aunque hubiera “asesores” de los tres países con ignoradas misiones durante el tiempo del genocidio y, en algún caso, como el de Francia, entrenando a hutus que luego fueron genocidas.
Ban Ki-Moon, secretario general de Naciones Unidas, asegura que se investigarán los ataques contra instalaciones de la ONU en Gaza. Amnistía Internacional saluda la iniciativa, pero recuerda que la investigación ha de ser exhaustiva e incluir también los crímenes de guerra cometidos por todos los contendientes. Y a quienes continúan vendiendo armas a ambas partes, alimentando el conflicto.
En Colombia, clase política y gobierno pretenden que la situación de respeto de los derechos humanos ha mejorado ostensiblemente en el país. Pero no es cierto. Soldados del ejército colombiano asesinan a civiles, campesinos o jóvenes de barrios populares, les ponen uniformes y los presentan como guerrilleros caídos en combate. Son los ‘falsos positivos’. Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian más de 1.400 casos así, 3.000 fosas comunes, 30.000 desaparecidos, cuatro millones de desplazados y 20.000 secuestrados.
Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció que desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Colombia suelen ser una práctica frecuente y sistemática y que “la toma sistemática de rehenes, prolongada y generalizada puede considerarse crimen de lesa humanidad”. Pero aún no se ha investigado ni procesado a ningún político, militar, paramilitar o guerrillero por posibles crímenes de guerra en Colombia.
Otro tribunal juzga en Camboya a jemeres rojos por genocidio. Unos dos millones de camboyanos murieron bajo el régimen de Pol Pot. El periodista australiano John Pilger recuerda que “hubo tres fases en el holocausto de Camboya y el genocidio de Pol Pot sólo fue una (…) Antes de los bombardeos [de Estados Unidos contra Camboya], los jemeres rojos eran una secta maoísta sin base popular, pero los bombardeos la hicieron crecer. Lo que Nixon y Kissinger empezaron, lo completó con creces Pol Pot, pero Kissinger no se sentará en el banquillo en Phnom Penh”. Ni tampoco Margaret Thatcher, aunque el conservador John Major reconociera en 1991 que las fuerzas especiales británicas entrenaron en secreto a los jemeres rojos, tras ser derrotados éstos por Vietnam.
En el siglo XX murieron violentamente unos 115 millones de personas a manos de sus gobiernos. Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, Mao, Ceaucescu, Sadam Hussein, Idi Amin, Pol Pot… fueron genocidas. Pero sólo dos fueron juzgados como tales. Tras los juicios de Nuremberg contra jerarcas nazis, hace unos años se empezaron a juzgar los crímenes de guerra. Charles Taylor por crímenes en Liberia y Sierra Leona, Thomas Lubanga por reclutar forzada y masivamente a niños y niñas en Congo, los militares Cavallo y Sclingo por crímenes de lesa humanidad en Argentina, Pinochet por crímenes de guerra en Chile, Karadzic por la matanza de Sbrenica y otros crímenes, Fujimori por crímenes de lesa humanidad en Perú… La justicia universal avanza, pero no suficientemente. Aún hay huecos, excepciones y varias varas de medir.
Hoy, los criminales de guerra no pasan desapercibidos y comprueban que no hay lugar seguro del todo en el mundo par ellos. Pero hasta que todos los responsables de crímenes de guerra o contra la humanidad sean procesados, en el grado de responsabilidad que les corresponda, una justicia internacional aceptable quedará lejana. Lo escribe lúcidamente John Pilger sobre los juicios de Phnom Penh, pero podría ser de aplicación general: “Quienes se alinearon con los asesinos de masas de Pol Pot deberían ser citados ante el tribunal de Phnom Penh: como mínimo sus nombres quedarían registrados en los anales de la infamia”.