En el boletín de IRRI se recogen las voces en contra de que al-Bashir no sea procesado.

A pesar de algunas señales del Gobierno sudanés en cuanto a su colaboración con la Corte Penal Internacional (CPI), los sectores más radicales mantienen la posición de que la CPI no tiene jurisdicción en Sudán y llegaron incluso a calificar de criminal al fiscal Luis Moreno Ocampo, quien solicitó las ordenes de arresto contra el Presidente Omar Hassan al-Bashir, el líder de las milicias janjaweed y algunos líderes de movimientos rebeldes de Darfur.

Desde esta solicitud, el Gobierno soporta una presión creciente en cuanto a su política para la región occidental; ante lo cual intenta demostrar que está ocupándose de la crisis con el objetivo de evitar que se suspenda el juicio.

Distintas ONG en el terreno, activistas de derechos humanos y organizaciones civiles de Darfur ha descalificado estos esfuerzos y denuncian que se bloquea el acceso de la ayuda humanitaria a la región, se restringe cada vez más la libertad de expresión y se persigue a los activistas.

Por otra parte, las posturas de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Unión Africana son diversas. Van desde el apoyo total al fiscal hasta el completo rechazo de un juicio, con diferentes argumentaciones.

Al final del artículo se recuperan las diversas voces que han expresado su temor ante las consecuencias que podría tener una decisión negativa en cuanto al pedido de procesamiento de al-Bashir y las milicias árabes por genocidio.

“Si el Presidente al-Bashir se libra después de haber sido acusado de genocidio, entonces ¿qué otros cargos o sanciones serán aceptados? Sería desmoralizante para aquellos activistas que, asumiendo a veces grandes riesgos, han hecho campaña por la justicia”, concluye el artículo.